Por David Ramírez

La firma del contrato entre el Ayuntamiento Municipal de Barahona con la nueva empresa recolectora de la basura Servicios Díaz Ortíz SRL, cumplió con las leyes. Léase bien, la firma del contrato, no los procedimientos de convocatoria o llamado a concurso.

Cuestionamos al ayuntamiento y al doctor Milton Fernández, por no publicar el llamado a licitación pública de parte del cabildo local en un periódico de circulación nacional por dos días consecutivos, en el marco de la Licitación Pública Nacional para la selección de proponentes para la adjudicación de dicho contrato, tal como lo ordena el artículo 67 del Reglamento de aplicación de la Ley sobre Compras y Contrataciones.

Por tal motivo, ese contrato entre el ayuntamiento y la nueva empresa recolectora de basura, puede ser cuestionado con facilidad en un tribunal por sospecha de confabulación en el proceso de adjudicación.

Tenemos conocimiento que solo participaron en la supuesta licitación dos empresas, una de ellas con sospecha de tener vínculos secretos con un dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la provincia, ligado en el pasado al narcotráfico y el crimen organizado, y la otra con sospecha de vínculos con un político local propietario de un consorcio de bancas.

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