Articulo publicado el 13 de agosto de 2011

Por David Ramírez

En un país donde reina la mentira, los violadores de la verdad siempre están al acecho para que nunca salga a flote lo que ocurre a nuestro alrededor.

La prensa tiene derecho a conocer la verdadera historia que a veces se nos niega por asunto burocrático o por el supuesto derecho a la intimidad de quienes están envueltos en un crimen.

Es cierto que hay que respetar la intimidad personal, incluso, hasta de los supuestos asesinos, pero hay que respetar también el derecho a la libertad de expresión. El porqué de los hechos, implícitamente está relacionados con la libertad de expresión, que comprende el derecho a solicitar y a difundir información para esclarecer situaciones confusas.

Al ciudadano, en una sociedad democrática le asiste el derecho a conocer lo que ocurre en su colectividad, más aún si esa sociedad está en pleno proceso de degradación moral, incapaz de conciliar la justicia y la libertad.

Decía un viejo escritor argentino, que "El conocimiento de la verdad es un derecho que no tiene ningún estatuto de limitaciones". El rol de comunicador es decirle la verdad a sus lectores, no la verdad alquilada o bajo la presencia de oscuros intereses políticos o judiciales.

Eso "incluye el derecho a buscar, recibir e impartir informaciones e ideas, sin limitaciones de fronteras, bien oralmente, por escrito o mediante imágenes o por cualquier otro medio de comunicación que uno elija",como nos enseñaron en los viejos textos de périodismo. Pero no podemos olvidar que este derecho está acompañado con otra verdad inalienable: respetar el derecho de la presunción de inocencia de una persona cuando por una razón u otras esté implicado en un hecho de sangre.


Los barahoneros tenemos el derecho a saber por qué, cuándo, dónde y cómo se cometió el crimen de la profesora Lenny Feliz. Tenemos derechos a estar informados sobre la situación judicial de los supuestos asesinos, así como conocer las opiniones de los familiares más cercanos de la victima. Tenemos derechos saber los procedimientos judiciales incoados por el ministerio público y si los mismos han sido los correctos. ¿Es mucho pedir?

El derecho a la información es una garantía constitucional, guste o no le guste a otras personas.


Una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre. La verdad nos hace sentir libre y sólo con ella podemos alcanzar una verdadera sociedad democrática.